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Carlos III
Rey de Nápoles (1734-59) y de España (1759-88), perteneciente a la Casa de Borbón (Madrid, 1716-88). Era el tercer hijo de Felipe V, primero que tuvo con su segunda mujer, Isabel de Farnesio, por lo que fue su hermanastro Fernando VI quien sucedió a su padre en el Trono español. Carlos sirvió a la política familiar como una pieza en la lucha por recuperar la influencia española en Italia: heredó inicialmente de su madre los ducados de Parma, Piacenza y Toscana (1731); pero más tarde, al conquistar Nápoles Felipe V en el curso de la Guerra de Sucesión de Polonia (1733-35), pasó a ser rey de aquel territorio con el nombre de Carlos VII. La muerte sin descendencia de Fernando VI, sin embargo, hizo recaer en Carlos la Corona de España, que pasó a ocupar en 1759, dejando el Trono de Nápoles a su tercer hijo, Fernando IV.
Superado el «motín de Esquilache» (1766), que fue un estallido tradicionalista instigado por la nobleza y el clero contra los aires renovadores que traía Carlos III, se extendería un reinado largo y fructífero. En cuanto a la política exterior, el tercer Pacto de Familia firmado con Francia en 1761 alineó a España con Francia en su conflicto permanente con Gran Bretaña. Ello llevó a España a intervenir en la Guerra de los Siete Años (1756-63) y en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos de América (1775-83); como resultado final de ambas, España recuperó Menorca, pero no Gibraltar (al fracasar el asedio realizado entre 1779 y 1782).
A partir de entonces, las dificultades financieras obligaron a volver a la política «pacifista» del reinado de Fernando VI, mientras se ensayaban diversas mejoras en la Hacienda Real, como la emisión de vales reales (primer papel moneda) o la creación del Banco de San Carlos (primer banco del Estado).
En la línea del despotismo ilustrado propio de su época, Carlos III realizó importantes reformas -sin quebrar el orden social, político y económico básico- con ayuda de un equipo de ministros y colaboradores ilustrados como Esquilache, Aranda, Campomanes, Floridablanca, Wall y Grimaldi. Reorganizó el poder local y las Haciendas municipales, poniéndolos al servicio de la Monarquía.
Puso coto a los poderes de la Iglesia, recortando la jurisdicción de la Inquisición y limitando -como aconsejaban las doctrinas económicas más modernas- la adquisición de bienes raíces por las «manos muertas»; en esa pugna por afirmar la soberanía estatal expulsó de España a los jesuitas en 1767. Fomentó la colonización de territorios despoblados, especialmente en la zona de Sierra Morena, donde las «Nuevas Poblaciones» contribuyeron a erradicar el bandolerismo, facilitando las comunicaciones entre Andalucía y la Meseta. Reorganizó el ejército, al que dotó de unas ordenanzas (1768) destinadas a perdurar hasta el siglo XX.
Creó la Orden de Carlos III para premiar el mérito personal, con independencia de los títulos heredados. Protegió las artes y las ciencias; apoyó a las Sociedades Económicas de Amigos del País, en donde se agrupaban los intelectuales más destacados de la Ilustración española; sometió las universidades al patronazgo real y creó en Madrid los Estudios de San Isidro (1770) como centro moderno de enseñanza media destinado a servir de modelo. Creó manufacturas reales para subvenir a las necesidades de la Monarquía (cañones, pólvora, armas blancas, cristal, porcelana…), pero también para estimular en el país una producción industrial de calidad.
En esa misma línea, impulsó la agricultura (decretando el libre comercio de granos y organizando cultivos experimentales en las huertas reales de Aranjuez) y el comercio colonial (formando compañías como la de Filipinas y liberalizando el comercio con América en 1778).
Cuando el rey murió en 1788 terminó la historia del reformismo ilustrado en España, pues el estallido de la Revolución francesa al año siguiente provocó una reacción de terror que convirtió el reinado de su hijo y sucesor, Carlos IV, en un periodo mucho más conservador. Y, enseguida, la invasión francesa arrastraría al país a un ciclo de revolución y reacción que marcaría el siglo siguiente, sin dejar espacio para continuar un reformismo sereno como el que había desarrollado Carlos III.
Entre los aspectos más duraderos de su herencia quizá haya que destacar el avance hacia la configuración de España como nación, a la que dotó de algunos símbolos de identidad (como el himno y la bandera) e incluso de una capital digna de tal nombre, pues se esforzó por modernizar Madrid (con la construcción de paseos y trabajos de saneamiento e iluminación pública) y engrandecerla con monumentos (de su época datan la Puerta de Alcalá, el Museo del Prado -concebido como Museo de Ciencias- o la inauguración del Jardín Botánico) y con edificios representativos destinados a albergar los servicios de la creciente Administración pública.
El impulso a los transportes y comunicaciones interiores (con la organización del Correo como servicio público y la construcción de una red radial de carreteras que cubrían todo el territorio español convergiendo sobre la capital) ha sido, sin duda, otro factor político que ha actuado en el mismo sentido, acrecentando la cohesión de las diversas regiones españolas.
CARLOS lV:
Nació en Nápoles en 1748, ya que sus padres Carlos III y María Amalia de Sajonia eran entonces Reyes de las Dos Sicilias. En el mediodía italiano transcurrió su infancia y juventud hasta que en 1759 toda la familia real se trasladó a Madrid para ocupar el trono de España. En 1788, cuando contaba con 40 años de edad, y corno consecuencia de la muerte de su padre, le sucedió al frente de la Corona española. Después de dos décadas de agitado reinado, Carlos IV abdicaría en marzo de 1808 en favor de su hijo Fernando, pero poco después volvería a recuperar la Corona, para ceder, en Bayona y de manera definitiva, sus derechos a Napoleón (mayo de 1808). Desde esta ciudad del sur de Francia, Carlos prolongó su exilio hasta que se instaló en Roma, ciudad en la que vivió hasta unos días antes de su muerte, que se produjo en Nápoles, el 19 de enero de 1819, casi 11 años después de haber abdicado.
LA GUERRA:
La Guerra de la Independencia española fue un conflicto surgido en 1808 por la oposición armada a la pretensión del emperador francés Napoleón I de instaurar y consolidar en el trono de España a Joseph Bonaparte, en detrimento de Fernando VII de España, desarrollando un modelo de estado inspirado en los ideales bonapartistas, y que sumada al enfrentamiento precedente francés con Portugal y el Reino Unido, convulsionó toda la península Ibérica[1] hasta 1814.
Enmarcada en el amplio conflicto de las Guerras Napoleónicas y en la crisis del sistema del Antiguo Régimen, encarnado en la monarquía de Carlos IV, el conflicto se desarrolló sobre un complejo trasfondo de profundos cambios sociales y políticos impulsados por el surgimiento de la identidad nacional española y la influencia en el campo de los “patriotas” de algunos de los ideales nacidos de la Ilustración y la Revolución Francesa, paradójicamente difundidos por la élite de los afrancesados.
Los términos del Tratado de Fontainebleau, firmado el 27 de octubre de 1807 por el primer Ministro Manuel Godoy, preveían de cara a una nueva invasión conjunta hispanofrancesa de Portugal, el apoyo logístico necesario al tránsito de las tropas imperiales que al mismo tiempo, fueron tomando posiciones en importantes ciudades españolas según los planes de Napoleón quien, convencido de contar con el apoyo popular, había resuelto forzar el derrocamiento de la dinastía reinante tradicional, situación a la que se llegaría por un cúmulo de circustancias que resume el historiador Jean Aymes:
... la expedición a España deriva de una serie de consideraciones entre las que se encuentran mezclados la debilidad militar del estado vecino, la complacencia de los soberanos españoles, la presión de los fabricantes franceses, la necesidad de arrojar a los ingleses fuera de Portugal, la enemistad del Emperador hacia la dinastía de los Borbones, los imperativos de una estrategia política para el conjunto del Mediterráneo y, por fin, para remate y para ocultar ciertos cálculos sucios, los designios de Dios o las exigencias de una filosofía ad hoc
Aymes, Jean R.: La Guerra de la Independencia, Madrid, Siglo XXI, 1974.
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El resentimiento de la población por las exigencias de manutención de las tropas extranjeras, que resultó en numerosos incidentes y episodios de violencia, junto con la fuerte inestabilidad política surgida tras el episodio del motín de Aranjuez, precipitó los acontecimientos que desembocaron en la mítica jornada del 2 de Mayo de 1808 en Madrid. Las difusión de las noticias de la brutal represión en las jornadas posteriores al 2 de mayo, inmortalizadas en las obras de Francisco de Goya y de las abdicaciones de Bayona del 5 y 6 de mayo, que extendieron por la geografía española los llamamientos iniciados en Móstoles al enfrentamiento con las tropas imperiales, decidieron la guerra por la vía de la presión popular a pesar de la actitud contraria de la Junta de Gobierno designada por Fernando VII.
La guerra se desarrolló en varias fases de intercambio en la iniciativa de las operaciones militares entre los bandos enfrentados en función de la movilización de los recursos disponibles por los imperiales y por la puesta en práctica del original fenómeno de las acciones conjuntas de guerrilleros y los ejércitos regulares aliados dirigidos por Arthur Wellesley, duque de Wellington, que provocaron el desgaste progresivo de las fuerzas bonapartistas, aunque al precio de extender el sufrimiento a la población civil, que padeció los efectos de un contexto de guerra total, exponer a los intereses estratégicos a parte de la naciente industria considerada una amenaza para los intereses británicos,[2] o disponer el pillaje de ciudades “afrancesadas”.[3] A los primeros éxitos de las fuerzas españolas en la meses de primavera y verano de 1808, con las batallas del paso del Bruch, la resistencia de Zaragoza y Valencia y en particular, la sonada Batalla de Bailén, que provocaron la retirada francesa hacia el norte del Ebro y su evacuación de Portugal, siguió en el otoño de 1808, la entrada de la Grande Armée con el mismo Napoleón al frente que culminó el máximo despliegue de la autoridad ocupante hasta mediados de 1812. La retirada de efectivos con destino a la campaña de Rusia, fue aprovechada por los aliados para retomar la iniciativa a partir de la Batalla de Arapiles, el 22 de julio de 1812 y, contrarrestando el contraataque imperial, avanzar a lo largo de 1813 hacia las fronteras pirenaicas, jalonando la retirada francesa con las batallas de Vitoria, el 21 de junio, y la de Batalla de San Marcial, el 31 de agosto. El tratado de Valençay, firmado el 11 de diciembre de 1813, dejaba a España libre de la presencia extranjera pero no evitó la invasión del territorio francés hasta la derrota definitiva en la batalla de Toulouse del 10 de abril de 1814, provocando la abdicación de Napoleón I quien más tarde, en su exilio, declaró al respecto:
Esta maldita Guerra de España fue la causa primera de todas las desgracias de Francia. Todas las circustancias de mis desastres se relacionan con este nudo fatal: destruyó mi autoridad moral en Europa, complicado mis dificultades, abierto una escuela a los soldados ingleses...esta maldita guerra me ha perdido.
Napoleón en Santa Elena, Prólogo de La Maldita Guerra de España. Historia social de la guerra de la Independencia, 1808-1814, Ronald Fraser.
En el terreno socioeconómico, la guerra costó en España una pérdida neta de población de entre 215 y 375 mil habitantes,[4] por causa directa de la violencia y las hambrunas de 1812, y que se añadió a la crisis arrastrada desde las epidemias de enfermedades y la hambruna de 1808, resultando en un balance de descenso demográfico de entre 560 y 885 mil personas,[5] que afectó especialmente a Cataluña, Extremadura y Andalucía. A la alteración social y la destrucción de infrastructuras, industria y agricultura se sumó la bancarrota del estado y la pérdida de una parte importante del patrimonio cultural.
Todo este sacrificio, sin embargo, no resultó en un fortalecimiento internacional del país, que quedó excluido de los grandes temas tratados en el Congreso de Viena, donde se dibujó el posterior panorama geopolítico de Europa. En el plano político interno, el conflicto permitió el surgimiento de la identidad nacional española, aunque por otro lado dividió a la sociedad, enfrentando a patriotas y afrancesados. También abrió las puertas del constitucionalismo, concretado en las primeras Constituciones del país, las de Bayona y Cádiz, y aceleró el proceso de emancipación de las colonias de América, que accederían a su independencia tras la Guerra de Independencia Hispanoamericana. La posterior reinstauración de la dinastía borbónica y el retorno del absolutismo, encarnado en Fernando VII, así como el reforzamiento de la Iglesia Católica, abrieron en España una era de luchas civiles entre los partidarios del absolutismo y los del Liberalismo que se extenderían a todo el siglo XIX y que marcarían el devenir del país:
